El Gobierno nacional, comandado por el presidente Juan Manuel Santos y la ministra de educación María Fernanda Saavedra se han propuesto reestructurar algunos artículos de la ley 30 que rige a la educación superior, argumentando, según ellos, una mayor cobertura y mejor calidad para fortalecer la universidad pública.
Esta reestructuración requiere no solamente un análisis profundo sobre la situación económica de la universidad pública, sino también de la educación en general, ya que de poco sirve el ingreso a la educación superior si no se tienen unas bases firmes de calidad para alcanzar los objetivos propuestos.
El nuevo modelo económico nacional tiende a la reducción progresiva de la financiación del Estado a sectores, que según a la constitución política de 1991 son derechos fundamentales como la salud y la educación, para asegurar el cumplimiento de los compromisos con el sector financiero nacional e internacional. Gracias a esto, la salud de los colombianos se ha convertido en un negocio que solo beneficia a las grandes entidades prestadoras del servicio (un servicio que debemos pagar); por ese motivo la educación superior debe seguir siendo foco de mayor inversión por parte del erario público.
La inversión a la universidad pública ha tenido una notable reducción desde el periodo de 1993, cuando el Estado aportaba el 84% de los ingresos totales a la universidad. En el 2008 los aportes se habían reducido al 51%. La diferencia entre cifras fue cubierta por el pago de servicios y matriculas cada vez más costosas, que empezaron a afectar directamente el bolsillo de los sectores menos favorecidos. La crisis económica de la universidad pública tiene efectos oscuros que el Gobierno busca tapar con subsidios a la demanda que benefician específicamente al sector privado.
La ministra dice que "La principal locomotora que tiene un país para salir adelante, superar la pobreza y reducir las grandes brechas de inequidad, para poder formar unos seres humanos que puedan ser competentes y competitivos en un entorno globalizado, es la educación de calidad". Pues, entonces, la educación debe convertirse en un objetivo impostergable y el Estado asumir las responsabilidades financieras mínimas indispensables.
Algunos sectores que están en contra de la reforma proponen que los porcentajes que plantea el Gobierno no deberían estar ligados al IPC, si no al PIB sobre el 1,01% que hoy recibe.
La calidad es costosa e imprescindible para alcanzar altos niveles de desarrollo. Pero la calidad de la educación colombiana, en general, no es buena. Tenemos lamentables resultados en las pruebas del Icfes en educación media y pruebas pro (Ecaes). Particularmente en los colegios y en las universidades públicas encontramos los resultados más bajos.
La mala calidad ocasiona graves daños al desarrollo nacional y desgreño en el gasto e inversión públicos, y estimula la corrupción.
Si el gobierno reconoce que la educación en Colombia es baja, debe reflexionar sobre la idea del ingreso de recursos privados a la educación pública y más bien crear una mesa de diálogo con los rectores de las universidades públicas de todo el país, pues muy triste pensar que la educación se tiene que financiar a sí misma, mientras los recursos del país son desviados a sectores que no generan ningún progreso profesional.
Para el primero de mayo del presente año se ha programado otra movilización nacional, con el fin de hacerle entender al gobierno, más exactamente al presidente y a la ministra de educación, que los estudiantes, profesores y funcionarios al servicio de la educación no están de acuerdo con la nueva reforma y que bajo ningún pretexto se negociara con los derechos de los colombianos. A esta movilización se sumaran sindicatos de trabajadores que de igual manera marcharan para reclamar sus derechos como empleados, pues paradójicamente ese mismo día se celebra el día mundial del trabajo.
Por: Diego Alejandro Cardona V.
Por: Diego Alejandro Cardona V.
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